Represión a jubilados: síntomas de una sociedad en descomposición.

Un dicho popular, para marcar que alguien tenía un componente de maldad, se decía "más malo que pegarle a la madre" Ahora, habrá que decir "Mas malo que pegarle a un jubilado". 

Pero, no creamos que las acciones violentas contra jubilados y jubiladas que se vivieron dos miércoles seguidos son acciones de maldad individual. Son la expresión más descarnada de un sistema de transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía.

El supuesto anarcocapitalismo - que no tiene nada de anarquismo y todo de capitalismo- descarga sobre los sectores de la sociedad más vulnerables, infancia y vejez, su sadismo puro. Las políticas de ahorcamiento que aplica el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, no tiene nada que ver con un ajuste para equilibrar las cuentas. Sencillamente, se trata de un plan perverso de destrucción que busca "llevarse puesto" a quienes no son rentables para el sistema.

Destruir el estado para agrandarles el bolsillo

El propio presidente se manifestó en estos términos ante los grandes empresarios. No son expresiones vacías. Las políticas que se vienen aplicando, van a toda marcha en ese sentido. La reducción del impuesto a los bienes personales y las reformas laborales que se van a implementar, aseguran la compensación por la caída de la actividad económica. 

En este "Destruir al estado" es la disolución de la sociedad como la conocemos hasta ahora para pasar a estar regidos por una nueva estructura que formalice el poder real. Es decir, permitir que el capital determine de manera total la vida y la muerte de la ciudadanía.

La negativa a entregar alimentos, que parecía un capricho, es un plan bien elaborado para someter a la población y determinar cuánto se puede aguantar; la quita de medicamentos a las personas mayores; el tope a las paritarias; el desfinanciamiento de la salud y la educación, son todas medidas que buscan tensar con la sociedad para ver hasta cuanto soportamos.

En el medio, la dirigencia política del campo popular no atina a reaccionar a la altura de las circunstancias. Las representaciones sociales, gremiales y políticas han demostrado una incapacidad para articular respuestas que defiendan los derechos de todos y todas. 

El único camino para detener este plan perverso es la movilización y la unidad de quienes somos víctimas de este sistema destructivo, aunque, esto signifique poner en cuestionamiento la representación de quienes se auto perciben dirigentes.