45 años de la reafiliación sindical

"recuperar una verdadera patriada obrera y plebeya de esas que obviaron contarnos en la escuela".

Memoria 17/02/2022 redacción Tinku Comunicaciones redacción Tinku Comunicaciones
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La reafiliación sindical. El primer triunfo político contra la dictadura

Mediante el Decreto 385/1977, la Dictadura cívico-militar realizó uno de los mayores intentos de desarticulación del movimiento obrero.  En momentos que se perseguía y desaparecía o mataba delegados y miembros de las comisiones internas, se avanzaba, mediante legislación antidemocrática, en la destrucción del modelo sindical argentino.

Decreto 385/1977

Mediante aquel decreto, se revocaron todas las afiliaciones sindicales, anulando las cotizaciones a las organizaciones sindicales con personería gremial y desconociendo los padrones hasta la fecha. Emitida la norma, se estableció un periodo menor a dos meses para que las organizaciones presenten “desde cero” sus nóminas de afiliados y afiliadas. Se buscaba así, destruir el espíritu de la Ley de Asociaciones Sindicales, aprobada en abril de 1974 durante la presidencia del General Perón.

 La metodología para la reafilición, sería voluntaria y presencial, por escrito y en el establecimiento de trabajo". La presentación de cada ficha se haría a los representantes del sindicato, en especial a los delegados del establecimiento. El espíritu de este método era el de generar temor y desconfianza en millones de trabajadores, quienes debían refrendar sus pertenencias sindicales a los ojos de sus patrones e incluso de militares que en aquellos tiempos ocupaban ilegalmente varios establecimientos de trabajo.

Recordemos que el 24 de marzo de 1976 se concreta la mayor embestida contra el campo popular y contra la conciencia sindical construida a partir de 1945. Se instaló una dictadura cívico-militar que tuvo como objetivos primordiales producir una fragmentación social que favoreciera la desorganización política de la clase trabajadora, y el sometimiento del país al imperialismo, dentro del marco de un genocidio. En esa línea, uno de los objetivos fundamentales de la dictadura fue cercenar el poder de las organizaciones sindicales. Este propósito se ejecutó mediante un andamiaje normativo extenso que buscó mermar la centralidad y la representación del sindicalismo. El Decreto 345/1977 formó parte de esta estrategia.

Miles de trabajadores detenidos o desaparecidos, centenares de dirigentes sindicales secuestrados o asesinados, otros tantos exiliados. La dictadura presumía que el decreto sería la estocada final, ya que no solo iba a generar un descenso en los padrones sindicales –y por ende en sus cotizaciones– sino que iba a afectar material y simbólicamente al sindicalismo argentino, hiriéndolo de muerte.

Sin embargo, en aquellos días de febrero se vivía un clima extremadamente tenso en cuanto a la efectividad o no del control estatal sobre las organizaciones sindicales y los trabajadores. Desde fines de 1976 se inició uno de los mayores conflictos laborales durante todo el periodo, cuando en la empresa pública SEGBA la dictadura intentó modificar el Convenio Colectivo de Trabajo generando una fuerte oposición y resistencia por parte de los trabajadores y del sindicato Luz y Fuerza. Uno de los mayores motivos de la dictadura para avanzar en SEGBA -además de los objetivos de racionalización del trabajo, cercenar derechos adquiridos y debilitar el protagonismo de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa- fue desandar el proceso de autogestión sindical. Desde 1973 hasta la fecha –rubricado por el Convenio Colectivo “Comunidad Organizada” en 1975 entre SEGBA y Luz y Fuerza– se venía desarrollando una inédita y efectiva experiencia de administración y gestión de una de las principales empresas públicas metropolitanas. La presidencia de la suministradora eléctrica y la mayoría de los miembros del “Comité de Autogestión” (así denominado en el acuerdo) –que conducía los destinos de SEGBA– fueron designadas por el propio sindicato. Los resultados fueron exitosos tanto para los trabajadores como para los usuarios.

El enfrentamiento entre los trabajadores y el sindicato, por un lado, y la dictadura y los interventores de la empresa, por el otro, se incrementaba día tras día. Los medios de la época relataban la imposibilidad del gobierno de efectivizar las modificaciones impuestas por la masiva resistencia de los trabajadores. Finalmente, el mismo 11 de febrero en que se publica el Decreto con la firma de Videla, fue secuestrado y desaparecido el Secretario General de Luz y Fuerza Capital Federal, Oscar Smith.

Oscar-Smith

El dirigente lucifuercista no solo era la cabeza de aquella heroica resistencia sindical frente a la ofensiva contra los derechos de los trabajadores de SEGBA, sino que además había sido uno de los firmantes del Convenio Colectivo “Comunidad Organizada” que estableció la autogestión sindical en la empresa. Es notoria la vinculación de aquellos dos sucesos del día 11. La desaparición del principal dirigente sindical que venía sosteniendo el mayor conflicto laboral hasta la fecha y el decreto que revocaba todas las afiliaciones sindicales. En la misma jornada la dictadura decidió avanzar definitivamente en su intento de debilitar física, material, simbólica y políticamente al movimiento obrero argentino.

Asimismo, en los escasos 11 días que van desde el 6 de febrero hasta el 16 de febrero, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional daba dos golpes más a la soberanía nacional. Durante aquellas jornadas se reglamentó una nueva Ley de inversiones extranjeras y se decretó una Ley de Entidades Financieras. La ofensiva de las clases dominantes fue integral y planificada. No solo se avanzó sobre la clase trabajadora, sus derechos y su fuerza política y social, sino también se modificó estructuralmente los cimientos de la Argentina industrial, con su estructura económica nacionalizada. Se procedió a la desregulación financiera con el fin de volcar la economía al sector especulativo y se propició la radicación de empresas extranjeras, debilitando al entramado productivo nacional y alentando el endeudamiento, la evasión y la fuga.

El Decreto 345/1977 fue un rotundo fracaso. Las presunciones militares y del empresariado chocaron con la realidad política del pueblo argentino y con su adhesión al Modelo Sindical. En las pocas semanas que corrieron hasta la fecha límite del 10 de abril se reafiliaron todos los trabajadores a sus respectivos sindicatos e incluso se afiliaron otros trabajadores que, hasta entonces, no estaban organizados gremialmente. La clase trabajadora había dado una muestra cabal de su norte organizativo y de su cauce político. El movimiento obrero organizado era hasta entonces el espacio natural donde los trabajadores volcaban sus demandas, anhelos, luchas e intereses políticos. De ahí en más la dictadura tuvo que modificar las tácticas empleadas en la confrontación con el sindicalismo argentino. Se agudizaron los esquemas represivos y persecutorios. Se profundizaron las modificaciones normativas. Sin embargo, ese “triunfo” de los trabajadores y de la dirigencia sindical abrió un camino, comprendiendo que la resistencia que se había iniciado el mismo 24 de marzo no era en vano. La misma iba a dar un salto organizativo y de trascendencia masiva con la aparición de la Comisión de los 25 en 1979 y el primer paro general contra la dictadura el 27 de abril de aquel año.

En conclusión, no dudamos en afirmar que el Decreto ‘Plebiscito’ de 1977 y sus derivaciones fue un hecho “maldito” de nuestra historia. Estas líneas intentan confrontar con el silencio y el olvido que nos propone la superestructura cultural manejada por la clase dominante, procurando recuperar una verdadera patriada obrera y plebeya de esas que obviaron contarnos en la escuela y que, desde luego, tampoco figura en la “historia oficial”.

CEMO (Centro de Estudios del Movimiento Obrero)

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